Lilita y la APDH
CARRIÓ. Tras la polémica con los organismos de Derechos Humanos, el Gobierno la acusa de haberse "derechizado".
Por James Neilson
Puesto que la mejor forma de alentar a los proclives a pisotear los Derechos Humanos consiste en politizar el tema, y de este modo hacer pensar que sólo se trata de un arma en manos de una facción determinada, los jerarcas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) cometieron un error muy grave cuando, por unanimidad, optaron por expulsar a Elisa Carrió de su organización por oponerse apasionadamente a la extracción compulsiva de ADN. Según la diputada electa, la única razón por la que Néstor Kirchner está impulsando una ley en tal sentido es que cree que serviría para arruinarle la vida a la anciana directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, motivo por el que quiere que el Congreso le dé el visto bueno cuanto antes. Y para que no quedaran dudas en cuanto a las connotaciones políticas de la decisión, un copresidente de la APDH, el obispo metodista Aldo Etchegoyen, procuró reivindicarla informándonos que Carrió, luego de tener un discurso que a su juicio era “relativamente progresista”, giró “hacia el centro y en los últimos tiempos tiene un discurso francamente de derecha”. Dicho de otro modo, para quienes encabezan la APDH, una de las pocas organizaciones que se esforzaron por defender valores civilizados en una década, la de los setenta, que estuvo caracterizada por la barbarie triunfante, el tema tiene que ser un monopolio de la izquierda.
En vista de que a través de los años comunistas de distintos pelajes se las han arreglado para asesinar a por lo menos cien millones de personas, además de despojar, torturar o encarcelar a muchísimas más, la pretensión del reverendo y quienes piensan como él es tan absurda como hipócrita. En la atroz competencia genocida entre los colectivistas de izquierda y los de lo que suele considerarse la derecha, como los socialistas nacionales de Adolf Hitler, los primeros ganan por un margen de aproximadamente dos a uno. Pero aunque a esta altura casi todos coinciden en que los asesinos derechistas deberían pagar por lo que hicieron sesenta años atrás, de ahí las detenciones bien publicitadas de nazis nonagenarios que siguen produciéndose, muy pocos tienen interés en asegurar que sus muchos equivalentes izquierdistas compartan el mismo destino. Como el novelista alemán Günter Grass descubrió al publicarse su autobiografía, el haber sido un miembro –al parecer uno inocuo– de las SS hitlerianas era imperdonable; de haber sido un ex miembro de la KGB soviética, digamos, como el actual primer ministro ruso Vladimir Putin, pocos lo hubieran criticado.
La discriminación así supuesta no sólo es injusta. También es peligrosa. De consolidarse la convicción de que una banda de ideólogos y oportunistas, entre ellos los Kirchner, se han apropiado de una causa que debería trascender las diferencias sectarias porque lo que importa no son las teorías políticas preferidas por los culpables de crímenes de lesa humanidad sino lo que efectivamente han hecho, la mayoría reaccionará con indiferencia ante denuncias que merezcan tomarse muy en serio. Es lo que sucedió en la Argentina entre 1976 y 1982. La dictadura militar se defendía –con éxito hasta que la derrota en el Atlántico Sur la desprestigiara definitivamente– contra quienes denunciaban su salvajismo acusándolos de ser izquierdistas afines a regímenes tan célebres por su ternura hacia los que pensaban distinto como el soviético y el cubano, de suerte que sólo se trataba de propaganda. Al fin y al cabo, los argentinos eran derechos y humanos, de modo que quienes protestaban eran enemigos de la Patria. En el caso, poco probable, por fortuna, de que el país caiga nuevamente en manos de una dictadura “de derecha”, esta podría repetir los mismos argumentos al señalar que en organizaciones como la APDH no hay lugar para centristas, liberales y, huelga decirlo, conservadores.
De todos modos, el episodio desagradable que protagonizó Carrió no parece haberla perjudicado, ya que, algunos fanatizados aparte, nadie soñaría con tomarla por una partidaria de la represión ilegal. Puede que haya exagerado al calificar de fascismo puro la extracción forzosa de ADN de adultos que se aseveran conformes con la identidad que tienen, pero de por sí no significa que esté a favor de lo que hicieron los militares con bebés nacidos en cautiverio, sólo que entiende que son espurios los motivos del Gobierno. Tampoco habrá afectado demasiado la reyerta a las Abuelas de Plaza de Mayo de Estela de Carlotto que están tratando incansablemente de encontrar a aquellos hijos de desaparecidos –dicen que hay 400– que aún no han sido identificados, lo que motiva su voluntad de hacer obligatoria la extracción de ADN. Todos comprenden el porqué del compromiso de las Abuelas, al igual que el de las Madres de aquella plaza emblemática, con una causa que para ellas es dolorosamente personal y por lo tanto propenden a atribuirles un grado de autoridad moral que se niega a otros.
¿Es bueno que eso haya ocurrido? En absoluto. El que deudos de las víctimas de la ola de represión más reciente se hayan erigido en los líderes de los organismos que según sus integrantes se dedican a la defensa de los Derechos Humanos nos dice mucho sobre la ambigüedad, cuando no la indiferencia, del resto de la sociedad. Es perfectamente natural que los familiares, en especial las madres, de los desaparecidos hayan desafiado a la dictadura. Incluso en la Unión Soviética mujeres como la gran poeta Anna Ajmátova se animaron a hacerlo. Sin embargo, en ningún lugar del mundo pueden incidir más en el accionar de un régimen brutal los gritos de las víctimas que el silencio de los demás. Para asegurar que una dictadura futura, trátese de “progresista” o “reaccionaria”, respete los derechos fundamentales de los habitantes del país, será necesario que haya un consenso muy amplio, y muy firme, de que pase lo que pasare ciertas reglas han de ser inviolables.
También es preocupante que aquí la mayoría de las agrupaciones de Derechos Humanos parezca estar obsesionada con los horrores perpetrados hace treinta años o más, sin manifestar demasiada preocupación por los abusos que suceden a diario en las cárceles y comisarías del país. Antes de la expulsión de la APDH de Lilita, el único político que había sido echado del club era Carlos Menem por haber indultado a militares y policías. Si bien fue una decisión sumamente polémica, Menem pudo argüir que a su juicio contribuiría a “pacificar” el país al permitirle alejarse de un período sanguinario en que militares, montoneros y muchos otros creían que, como decía Mao Tse-tung, el poder nace del fusil y actuaron en consecuencia. Pues bien: hace poco, los uruguayos votaron a favor de una ley de amnistía que exime de persecución judicial a los responsables de violar Derechos Humanos, mientras que el candidato oficialista, el ex guerrillero tupamaro José Mujica, afirmó que no le gusta para nada ver a “viejitos” –léase, generales y policías retirados– en la cárcel. La actitud asumida por Mujica, pues, tiene mucho en común con la de Menem, de modo que de acuerdo con la óptica de la APDH el uruguayo será un derechista execrable.
Sea como fuere, la izquierdización de los Derechos Humanos, por decirlo así, dista de ser un fenómeno limitado a la Argentina. En las fases finales de la Guerra Fría, los norteamericanos se dieron cuenta de que, bien manejada, la causa podría resultarles muy útil y, con la ayuda de disidentes en Rusia, la aprovecharan para desacreditar a la Unión Soviética. Una vez liquidado el “socialismo real”, empero, los voceros de tiranías tercermundistas y los contestatarios occidentales se apropiaron del tema, con el resultado de que organismos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU siempre incluyen a representantes de países como Sudán y Cuba. Según tales autoridades en la materia, virtualmente el único gobierno que abuse de ellos de manera sistemática es el israelí. En cuanto a los crímenes rutinarios de lesa humanidad que se dan en todo el mundo musulmán, muchas organizaciones se han acostumbrado a pasarlos por alto, en parte por temor a ser acusadas de “islamofobia”, en parte por una forma de racismo ya que suponen que no serviría para nada criticar a gente de valores tan diferentes de los que en teoría al menos rigen en las democracias occidentales.
Si la experiencia nacional nos ha enseñado algo, esto es que minimizar la importancia de ciertos principios éticos, o de relativizarlos en nombre de la militancia sectaria imputándolos a corrientes políticas determinadas, abre las puertas a los dispuestos a secuestrar, torturar y matar por motivos ideológicos. En los años que precedieron al golpe militar de 1976, el grueso de la ciudadanía pareció aceptar como legítimos los métodos terroristas, ya que “la violencia de arriba genera la de abajo”; en los que lo sucedieron, pareció aceptar con la misma ecuanimidad los métodos de la dictadura por motivos diametralmente contrarios, achacándolos a la necesidad de terminar con “la violencia de abajo”. Es posible que en la actualidad algo similar esté ocurriendo; al intensificarse la brutalidad de delincuentes jóvenes, serán cada vez más los indignados por el “gatillo fácil” y cada vez más los que quieran “mano dura”. De ser así, sería de esperar que la APDH se sintiera constreñida a preocuparse por algo más cercano que una tragedia que ya forma parte de la historia del país.
Fuente: Opinión Tesis Lilita y la APDH CARRIÓ. Tras la polémica con los organismos de Derechos Humanos, el Gobierno la acusa de haberse "derechizado". Por James Neilson - Revista Noticias Nº 1715 (Noviembre).